Muchos ya se han pronunciado sobre los problemas de la nueva ley de cine (Ley Raffo o Ley León o Ley Raffo-León). Yo quiero levantar algo que Hans Rothgiesser ha escrito primero y que considero es uno de los asuntos que todos nos deberíamos preocupar:
«Quinto, chévere que se forme un Fondo Antipiratería… Pero, ¿qué se piensa hacer con ese dinero? Porque no nos olvidemos del acercamiento de APDAYC al gobierno. Y que si ese fondo se aplica a una política de represión al estilo APDAYC, por más legal que sea, no se va a solucionar nada. Lo que se tiene que hacer es aplicar una política de formalización de los involucrados. Sin embargo, como siempre digo, ninguna ley de cine seria puede darse el lujo de no abordar la problemática de la piratería, porque si no el dinero que se desvíe a la promoción del cine terminará en los bolsillos de quienes no queríamos promover.» (Acerca de la Promoción de la Ley de Cine: Aprobación de la nueva ley, Economía de los Mil Demonios)
En efecto, mientras todo esto ocurre, mientras los gremios pitean porque 3% es poco, mientras el resto de usuarios y consumidores estamos comprando en Polvos Azules, se va cocinando algo fuerte al interior de la Ley Procine. Voy a copiar la parte que me interesa se discuta:
Es decir, que sobre los beneficios ya existentes, serán las distribuidoras y las majors las que delineen la campaña educativa sobre derechos de autor en el país. No INDECOPI, no el Ministerio de Cultura (que tiene un viceministerio de Industrias Culturales), no las organizaciones de la sociedad civil ni representantes de los usuarios (que apuestan o apostamos porque se siga discutiendo la actual normativa sobre derechos de autor), sino la propia industria la que seguirá repitiendo el discurso criminalizador sobre la piratería.
Si algunos apostábamos por mirar más allá de los derechos de autor y promover iniciativas como el Copyleft, lo que encontramos ahora es un camino realmente oscuro: Un órgano paraestatal con presupuesto público.
Luego no lloremos si cierran Polvos Azules sorpresivamente.
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Un camino oscuro realmente, poner dinero público en manos de empresas que no han sabido interpretar el momento actual y no tienen otro discurso que criminalizar todo lo que atente contra su negocio.
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No son fondos publicos.
Son fondos que antes iban a las municipalidades. En la práctica, lo son.
NO SON FONDOS PUBLICOS Roberto. Hasta hay una ley, la del Sistema Nacional de Tesorería, que define qué son fondos públicos, quiénes los administran, cómo, a quién rinden cuentas, etc.
Con una definición chicha como la tuya hasta los cinco soles que tienes en el bolsillo para el sanguchón serían «fondos públicos» porque una parte de estos irá a parar eventualmente al Estado vía IGV o Renta.
Aquí lo único cierto es que mientras esté en el bolsillo del espectador o de la sala de cine, y hasta que sea entregado al Estado, estás hablando siempre de dinero privado, bajo control privado y no sujeto a las normas administrativas aplicables a los verdaderos fondos públicos para su disposición.
Respecto a la piratería no entiendo de qué te preocupas si esta Ley sólo demuestra que las salas no consideran que sea su problema sino del Gobierno. El monto a destinarse no le llega ni por asomo a la chanchita de $7000 dólares semanales que P.A. paga en coimas para corromper a quiénes deberían cerrarlos. ¿Cómo? ¿No sabías y te sorprende? Pues es de primerísima fuente (uno de los pagantes cuando entregaba sus cien solcitos) y resulta más lógico que asumir que ningún comisario, fiscal o juez en Lima saben que existe piratería en P.A.
Lo que pasa es que es incómodo reconocer que una parte de lo que pagas por piratería acabará en manos de un tombo o fiscal corrupto; así como es más cómodo pensar que vender una pirata de Godard y dos mil de Tron la semana pasada es promocionar la alta cultura para el pueblo ávido de cine europeo. Ya cuñao…
Panina, si vamos a la definición legal, evidentemente «lo público» queda restringido a ese nivel. En el castellano, por otro lado, hay todo un debate sobre su definición. Te recomiendo un viejo texto, simpático él, de Pepi Patrón: «Democracia y nueva articulación entre privado y público El problema de los espacios públicos» (en Fracturas en la Gobernabilidad Democrática, Urzúa y Agüero, 1998, Centro de Análisis de Políticas Públicas y Universidad de Chile), donde Patrón hace un buen síntesis y estado de la cuestión sobre lo público, qué es y a qué nos referimos cuando lo invocamos (sobre todo desde Habermas).
Lo otro, claro, si vamos a la definición legal, el debate sobre los fondos, lo que se hace con ellos, etc., queda restringido para los abogados. Y sí, muchas veces los abogados quieren tener la última palabra, pero el objetivo aquí es ampliar el debate. Esto es, hacerlo público.
Saludos.
Sugiero observar la lista de distribuidores y exhibidores que son los asociados a la campania antipirata y que describen el uso del dinero de los municipios como «actividades culturales y educativas». Jaja! Son las mismas empresas que han demostrado cual es su compromiso cultural y educativo con el pais: 39 de sus 49 multicines se encuentran en lima, siempre incorporados a supermercados, con un 97% de sus entradas vendidas para ver peliculas norteamericanas. Aprovechando politicas neoliberales han ido reduciendo la oferta cinematografica al «cine chatarra, de consumo rapido y superficial». No alimenta, no se conecta con ningun tipo de dinamica cultural y educativa. Peor: reduce y distorciona el rol del cine en el pais a practicas de discriminacion, exclusion, centralismo, remesas al exterior, dominacion cultural…En resumen: lucro sin piedad y a espaldas de las necesidades culturales y educativas del Perú. Ahora quieren eliminar el impuestos que pagan a los municipios para enseniarnos algo. ¿Que seria lo que podriamos aprender de ellos?