La cultura según Alan García

«La mejor política cultural es la que no existe»
Pablo Sendón, alguna tarde del 2001

Casi llegando al final del gobierno de Alan García, un breve balance de cinco años de políticas culturales. Partimos de la premisa de la cita anterior, que la mejor política cultural es la que no existe, porque toda política cultural implica cierto nivel de arbitrariedad. Y que, por ende, todo lo que se haga allí se enmarca dentro del mal menor o el mal necesario. ¿Potenciar tal o cual manifestación cultural sobre otra? ¿Por qué? Y allí nunca habrá suficiente argumento técnico, sino más bien lo político.

Museo de la Nación, sede del Ministerio de Cultura. Se puede apreciar atentado cultural contra el edificio, que motivó un justísimo reclamo por parte del gremio de arquitectos. Foto de Albert Valls Rovira. Algunos derechos reservados.

1. La ley de consulta previa. Quizá la política cultural más importante del gobierno de García fue aquella relacionada a la integración y articulación con la población indígena y que se vislumbró en el discurso ideológico del Perro del Hortelano (ver Pensamiento García). En resumen: etnocentrismo, un discurso conservador sobre la ciudadanía y la cultura, discriminación étnica. En ese contexto no pasó la ley que debía reglamentar el Convenio 169 de la OIT. Se dejó para luego (otra vez más) la necesidad de reformar el estado para así articular a una población históricamente explotada y discriminada.

2. Tenemos Ministerio de Cultura. Aunque no sepamos bien para qué o por qué, existe ahora el MinCul. Entre sus funciones, justamente está la de velar por la aplicación de la Consulta Previa, de acuerdo a lo estipulado por el Convencio 169, y como se ha explicado en el párrafo anterior, no se ha avanzado casi nada en ese lado. Por otro lado, el énfasis mayor del nuevo ministerio se puso en las industrias culturales y la llamada «cultura viva».

Vale la pena detenerse un rato en este punto. Este es justamente un caso político sobre el que no va a haber consensos técnicos. En efecto, desde buen tiempo para aquí, hay toda una discusión sobre el peso de las llamadas industrias culturales o creativas en la economía peruana. Innegable. Pero, de hecho, apoyarlas (cuando se tienen presupuestos exiguos) equivale también a quitarle el financiamiento a otras cosas (por ejemplo, archivos, investigación y conservación de patrimonio histórico, etc.). En ese proceso, la decisión política de darle énfasis a «la cultura viva» por sobre la historia ha llevado a la fetichización de la diversidad, una suerte de diversidad light, descafeinada, acrítica. Esto se puede ver mejor en todo el discurso ideológico que hay alrededor de la Marca Perú: la glorificación de la diversidad (la culinaria, por ejemplo), eliminando dimensiones económicas, políticas y sociales. No es otra cosa que el «todos somos mestizos», pero nunca indios. O lo indio, pero solamente cuando se trata de Machu Picchu y no de la historia indígena peruana (que tiene más de 15 mil años). Incas sí, indios no (citando el ya clásico texto de Cecilia Méndez aquí), pero en los tiempos de internet.

Que el estado peruano reivindique a diario la diversidad cultural y al mismo tiempo sea incapaz de promulgar la ley de consulta previa, no es contradictorio, sino jústamente la constatacion de la anterior hipótesis.

(Para terminar esta parte, también es de señalar que el proceso de discusión de creación del Ministerio de Cultura antepuso, para citar a Mayen Ugarte en un evento sobre el tema, la carreta a los caballos. Fue un proceso cerrado, donde se confirmó que en este campo, la cultura es más vista como un privilegio concedido que como un derecho).

3. Derechos de autor en los tiempos de internet. Lamentablemente, este tema es todavía visto como algo propio de un grupo de personas afanosas con las nuevas tecnologías. Que existan niveles alucinantes de piratería informática y de contenidos, hace que se vuelva casi intrascendente discutir cuestiones de regulación y ampliación de excepciones. El problema está que el Perú se viene con más tratados de libre comercio (como el TPPA, por ejemplo), y cuando venga «la repre» no podremos allí reclamar nada. Está por resolver todavía el equilibrio entre el derecho al acceso al conocimiento y la información versus el derechos de los autores para establecer las restricciones (o la no-restricción) de su obra.

4. Misceláneas. Se anunció con mucho bombo lo de la ley de mecenazgo, que fue incorporada a último momento a la ley que crea el Ministerio de Cultura. Que no haya salido, quizá sea parte de lo que se señaló en su momento, parte del problema de crear una excepción tributaria. También está lo de CONACINE, que si bien el gremio salió a defenderlo, en realidad nadie puede explicar bien (ni siquiera los funcionarios del MinCul, actuales mandamases de dicha Comisión) para qué sirve, cuál es su función y qué indicadores tiene. Luego, como parte del menosprecio a la historia dentro de las políticas culturales, pérdida de patrimonio documental en la Biblioteca Nacional y malos sueldos para los arqueólogos dentro del MinCul.

En fin. El Ministerio ya existe y veremos qué propone el nuevo gobierno. Ojalá no más de lo mismo.

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